Santa Fe procura regularizar las aplicaciones de agroquímicos

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Frente a la controversia que despierta el uso de agroquímicos, hay quienes creen que es necesario aumentar la adopción de tecnología en vez de restringirla.

 La provincia de Santa Fe anunció que establecerá la receta agronómica online a fin de año como parte de un programa de incentivo a las tecnologías en el agro, conocidas como AgTech, para vincularlas con la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).

Así lo anunciaron esta semana en Buenos Aires la ministra de Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani, y el secretario de Agricultura de la provincia, Juan Manuel Medina. Según explicaron ya está en marcha una licitación para instalar chips en pulverizadoras que enviarán información sobre la hora y el día de las aplicaciones de fitosanitarios y los productos utilizados por cada productor o contratista.

 “Queremos cuidar la salud de la población y el medio ambiente con las herramientas del siglo XXI, no buscamos regresar al siglo XIX”, dijo Ciciliani en referencia a la polémica que despierta en varias ciudades del interior el uso de agroquímicos.
 Medina explicó que el gobierno provincial, con el apoyo de universidades nacionales de Rosario y del Litoral y el INTA, desarrolló un algoritmo para la gestión de fitosanitarios. Junto con los datos que les aportan los 30 mil productores inscriptos en el Registro Único de Producción Primaria (RUPP) instrumentarán la fiscalización online de aplicación de agroquímicos. Las pruebas se harán en la actual campaña de granos finos (trigo y cebada) y para fin de año las autoridades santafesinas estiman que se podrá fijar en forma obligatoria la receta agronómica online.
 Por el programa de las BPA, el gobierno santafesino contrató 19 ingenieros agrónomos que recorren las 180 comunas de todos los departamentos de la provincia para solucionar problemas derivados de las aplicaciones. “Hay tres coordinadores para la provincia que se especializan en el tipo de producción de cada región”, explicó Ciciliani. “No queremos discutir sobre metros”, añadió, en referencia a las diferentes disposiciones municipales sobre aplicaciones terrestres y aéreas que fijan los municipios. “Creemos que hay que respetar las indicaciones de aplicación”, dijo la ministra. Para la funcionaria, al establecer prohibiciones con distancias mínimas se corre el riesgo de “dejar millones de hectáreas fuera de producción”.
La normativa sobre distancias mínimas es motivo de controversia en varias provincias. El conflicto más agudo se da en Entre Ríos, donde, por una medida judicial, se prohibieron las aplicaciones terrestres a 1000 metros de los centros urbanos y aéreas a 3000 metros. Según entidades agropecuarias entrerrianas, eso equivale a dejar de producir en 300.000 hectáreas.
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