El inmobiliario rural en Córdoba aumentaría entre un 46 y un 77 por ciento

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El ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, presentó este martes los lineamientos generales del Presupuesto 2020 del gobierno provincial. En el caso del Impuesto Inmobiliario Rural, Giordano informó que las subas rondarán entre 46 por ciento y 77 por ciento.

El funcionario precisó que se decidió mantener la estratificación del sector en función del tamaño de las propiedades rurales y su valuación fiscal.

Grupo 1. Lo integran el 67 por ciento de los establecimientos y son los que tendrán una mediana de incremento del 46 por ciento. Esto significa que pagarán unos 221 pesos más por mes, con un tope para los incrementos de mil pesos.

Grupo 2. Corresponde al 28 por ciento de los inmuebles y tendrá una mediana de incremento del 61 por ciento. En valores reales, significa unos 3.238 pesos extra mensuales, con un tope de 3.500.

Grupo 3. El lote de las propiedades más grandes y con mejor valuación concentra el cinco por ciento del total y sufrirá una actualización del 77 por ciento. Son unos 13.071 pesos mensuales más respecto a lo que pagan hoy y, en este caso, sin tope para el aumento.

Giordano aseguró que estas subas se decidieron “tomando recaudos” de que la actualización de la base imponible, debido a la suba del dólar, no tuviera un impacto tan fuerte en el valor final del impuesto.

En ese sentido, mostró un cuadro en el que destacó que, pese a ser el campo un sector exportador y prácticamente “dolarizado”, los precios de los productos agropecuarios crecieron menos que el tipo de cambio.

El ministro de Finanzas confirmó que los fondos específicos que integran el Inmobiliario Rural para obras de conservación de caminos, canales y suelos, a partir del año próximo se integrarán a un fideicomiso de administración independiente. “Tendrá una asignación transparente, con mayor control de todos los involucrados”, señaló Giordano.

En concreto, el 60 por ciento de la recaudación obtenida por el Inmobiliario Rural se girará a este fideicomiso en el que las entidades del agro serán las que decidan qué obras se financiarán.

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